Desde el pasado jueves, las autoridades y la población de las dos mayores ciudades de Brasil han presenciado unas intensas y poco habituales protestas en las calles que han provocado numerosas condenas y un acalorado debate.

El recientemente anunciado aumento en las tarifas del transporte público ha sido la mecha que ha encendido al movimiento 'Passe Livre', activo en varias ciudades del país desde hace varios años y que en esta ocasión se está dejando oir de manera especialmente ruidosa.

Aunque el movimiento 'Passe Livre', nacido en el entorno estudiantil y que defiende la gratuidad y una mayor calidad del transporte público, ha reiterado que no anima a la violencia, los enfrentamientos han acabado con múltiples destrozos en comercios, vehículos y mobiliario urbano.

"No tenemos como controlar la violencia", ha dicho un representante del movimiento, que asegura que la manifestación del martes trascurría con tranquilidad hasta que comenzó la actuación policial.

Sin embargo, los actos vandálicos justifican, para el grueso de la población, una dura actuación policial. Las manifestaciones se han reprimido con pelotas de goma y gases lacrimógenos y tanto en Sao Paulo como en de Río de Janeiro han sido detenidas temporalmente decenas de personas.

Por su parte, el alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, asegura que ha buscado un aumento mínimo y que este es inferior a la inflación. Además, para calmar los ánimos, negociará una suspensión durante 45 días del aumento de las tarifas.

Para este jueves hay convocada una nueva manifestación en Sao Paulo.

Para entender la dimensión del problema del transporte público en las urbes brasileñas son necesarios algunos números: en Sao Paulo, el billete sencillo de metro y autobús cuesta hoy 3 reales (1,04 euros) y si no se llega a un acuerdo, se prevé que la tarifa ascienda a 3,20 (1,12 euros). Al no existir abonos mensuales o diarios para usuarios habituales, el ir y venir cada día del trabajo puede alcanzar los 10-12 reales, alrededor de unos cuatro euros por día si se necesita combinar varios medios de transporte.

En un país en el que el salario mínimo es de 678 reales (235 euros), tener que pagar unos 100 euros al mes en transporte puede resultar impracticable.

Por otro lado, la red es insuficiente para las megaciudades brasileñas: Sao Paulo, capital económica de Brasil, tiene construidos unos 75 kilómetros de metro, cuando la población del área metropolitana asciende a cerca de 20 millones de habitantes (frente a los casi 300 kilómetros del metro de Madrid).

Además, las grandes distancias, sumadas a los kilométricos y diarios atascos del congestionado tráfico de la ciudad, hacen que el trayecto de casa al trabajo pueda llegar fácilmente a las dos o tres horas (y otras tantas de vuelta).

Todos estos factores forman un cóctel que ha tardado en explotar: en los últimos años, los brasileños no han protagonizado masivas manifestaciones en las grandes ciudades, y existe una opinión generalizada que la población ha perdido el hábito de protestar activamente para reclamar sus derechos.

Esto es especialmente apreciable entre buena parte de la clase media-alta, que no sufre directamente del problema del transporte público porque no lo utiliza, y por ello no ha presionado activamente por la mejora de la red de transportes de las ciudades.

El pasado jueves, una manifestación en Sao Paulo acabó con violentos enfrentamientos con la policía y numerosos destrozos en mobiliario urbano y vehículos.

"Un coche nuevo acabó incrustado en un escaparate", contaba a 20Minutos.es  un agente del organismo de tráfico que controlaba el transcurso de la marcha. "Ha habido una ola de asaltos".

Desde entonces se han convocado otras dos protestas multitudinarias, como la que el viernes paralizó algunas de las principales arterias de la capital y que fue dispersada con gases lacrimógenos. Este martes, la emblemática Avenida Paulista fue escenario de una nueva manifestación a la que acudieron unas 5.000 personas, según cifras oficiales y que terminó con cristales rotos en las estaciones de metro y daños en comercios y 85 autobuses, según la empresa de transportes SPTrans.

A este respecto, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, ha dicho este miércoles que ha ordenado una investigación policial.